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Pocas denuncias por trata de personas llegan a juicio: La Romana entre las provincias con menor número de casos reportados
- Serie 26 La Romana
- Apr 15
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La Romana.- En el año 2024, los juzgados de Instrucción del país recibieron un total de 158 acusaciones relacionadas con violaciones a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, pero apenas ocho lograron llegar a juicio en primera instancia, según datos del Poder Judicial obtenidos mediante Libre Acceso a la Información.
Aunque se trata de una problemática nacional, las estadísticas reflejan que La Romana se encuentra entre las provincias con menor cantidad de querellas registradas, con apenas entre una y cuatro denuncias durante todo el año. Esto plantea interrogantes sobre la visibilidad de estos casos en la zona, así como sobre la capacidad del sistema judicial para darles seguimiento.
Las provincias fronterizas como Dajabón, con 51 denuncias, encabezan la lista de zonas con mayor actividad delictiva en torno al tráfico ilícito de migrantes. Le siguen Monte Cristi (16), Valverde (12) y Santiago (11). En contraste, otras como El Seibo, Barahona, y San Cristóbal, también reportaron cifras mínimas.
Pese a la cantidad total de denuncias, el bajo número de casos que logran avanzar hasta los tribunales es preocupante. De los ocho procesos que llegaron a juicio en 2024, dos se originaron en Santiago Rodríguez y dos en el Distrito Nacional, mientras que los restantes se distribuyen entre La Altagracia, Montecristi, San Pedro de Macorís y Santiago.
El exdirector de Migración, José Ricardo Taveras, apuntó que una de las causas de la persistencia del problema es la reincidencia: “todos los haitianos en condición irregular que son deportados, retornan”, afirmó.
Taveras señaló además que las estructuras que facilitan el tráfico ilegal de personas no solo incluyen militares fronterizos, sino también civiles dominicanos en complicidad con ciudadanos haitianos.
Frente a este panorama, el Poder Ejecutivo sometió al Congreso un proyecto de ley que propone modificar los artículos 2, 5, 6 y 7 de la Ley 137-03.
La reforma busca endurecer las penas por estos delitos, elevando las condenas hasta 40 años de prisión, en un intento por frenar una práctica que sigue creciendo y que golpea tanto a las provincias fronterizas como a otras zonas del país.
En La Romana, aunque los casos reportados han sido pocos, expertos advierten que podría tratarse más de una falta de denuncias que de la inexistencia del problema.
La ciudadanía y las autoridades locales están llamadas a mantenerse vigilantes, promover la denuncia y colaborar con las iniciativas que buscan erradicar este tipo de crimen.
