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JCE Distribuirá RD$1,500 Millones entre Partidos Políticos Según Resolución 8-2025
- Serie 26 La Romana
- Feb 21
- 2 min read
Updated: Feb 24
La Romana.- La Junta Central Electoral (JCE) ha emitido la resolución 8-2025, en la que detalla la distribución de RD$1,500,000,000.00 entre los partidos políticos que participaron en las elecciones generales del año pasado.
La asignación de estos fondos se realiza conforme al artículo 68 de la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
Distribución de Fondos
El 80% del monto total, equivalente a RD$1,200,000,000.00, se distribuirá equitativamente entre los partidos que obtuvieron más del 5% de los votos. Estos son el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quienes recibirán RD$400,000,000.00 cada uno. En las elecciones, el PRM logró el 48.41% de los votos, FP el 26.67% y el PLD el 17.64%.
Un 12% del fondo, equivalente a RD$180,000,000.00, será distribuido entre los partidos que alcanzaron entre el 1% y el 5% de los votos. Siete partidos recibirán RD$25,714,285.71 cada uno: el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), Partido Esperanza Democrática (PED), Partido Dominicanos por el Cambio (DxC), Justicia Social (JS) y Partido de Unidad Nacional (PUN).
El 8% restante, equivalente a RD$120,000,000.00, será destinado a los partidos que obtuvieron entre el 0.01% y el 1% de los votos. Un total de veintitrés partidos recibirán montos que oscilan entre RD$5,210,222.59 y RD$32,979.09.
Entre ellos, los que percibirán más de cinco millones de pesos incluyen el Partido País Posible (PP) y el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD). Además, cinco movimientos recibirán RD$32,976.09 cada uno.
Regulación Legal
La JCE estableció esta distribución de fondos de acuerdo con lo estipulado en la Ley 33-18, que rige el financiamiento de los partidos políticos en la República Dominicana. Con esta asignación, se busca garantizar la operatividad de las organizaciones políticas y fortalecer el sistema democrático del país.
