Garantía económica de RD$2,000,000 para el abogado Héctor Aníbal Santillán como medida de coerción

La Romana.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, impuso este jueves una medida de coerción al abogado Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado por el Ministerio Público como el principal cabecilla de la red criminal desmantelada en el denominado caso Gaviota.

Santillán Faulkner deberá pagar una garantía económica de dos millones de pesos, además de cumplir con presentación periódica los días 30 de cada mes y enfrentar impedimento de salida del país, como parte de las medidas dictadas por la magistrada.

El Ministerio Público acusa al jurista de asociación de malhechores, crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y otros delitos, relacionados con un complejo esquema de estafas mediante la creación de múltiples sociedades comerciales utilizadas de manera fraudulenta. La estructura habría captado más de 3,000 millones de pesos, según la investigación.

De acuerdo con las autoridades, Santillán Faulkner se encontraba prófugo desde 2023. Durante ese tiempo, su rol dentro de la red incluía la constitución y adquisición de empresas para canalizar fondos ilícitos, principalmente a través de la firma de inversión Cataleya, con sede en La Romana, que movió más de RD$637 millones y cerca de un millón de dólares.

También presidía la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (COOPES), presuntamente utilizada para captar recursos de las víctimas.

La red criminal operaba bajo un esquema piramidal, sin contar con la debida autorización de la Superintendencia de Bancos ni de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Utilizaban empresas de fachada de segundo y tercer nivel que simulaban canalizar inversiones hacia una firma principal, aunque las evidencias demuestran que menos del 15 % de los fondos fueron realmente colocados en brókers.

Los miembros de la organización prometían rendimientos mensuales del 10 % al 30 % mediante supuestas operaciones de trading, captando clientes a través de plataformas digitales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram, con promesas de alta rentabilidad que resultaron ser ficticias.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones y no descarta nuevas imputaciones contra otros miembros de esta red, que habría dejado cientos de víctimas en todo el territorio nacional.